El juez primero penal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, Manuel Alvarado Lara, estableció que existen elementos suficientes para procesar penalmente a Delgado Arroyo, quien estuvo prófuga desde 2004 y fue capturada el pasado 10 de febrero por agentes judiciales en la ciudad de León, Guanajuato.

Su detención se debió a una orden de aprehensión obsequiada por el juez 11 penal, con base en el expediente que se lleva por un fraude genérico por 31 millones de pesos cometido contra el erario de la delegación Gustavo A. Madero, donde supuestamente autorizó el pago de 18 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) a empresas del grupo Quart, para trabajos de desazolve que nunca se realizaron.

Por este delito, María Martha Delgado ya es procesada y ayer se sumó un segundo juicio en su contra, esta vez por autorizar el pago de material para construcción a empresas de Carlos Ahumada (que nunca se recibió según el expediente) y que fue valuado en casi 2 millones de pesos.

La Procuraduría capitalina asegura, a través de un comunicado, que Delgado Arroyo es la responsable de cometer el delito de uso legal de atribuciones y facultades, acusación que no le permite alcanzar su libertad bajo fianza y continuar de esta manera su proceso fuera de prisión.

Luis Salazar Cano, ex director de Recursos Financieros (quien actualmente se encuentra prófugo), es otro de los presuntos responsables que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ubica como los supuestos operadores de los fraudes maquinados por el empresario de origen argentino y que fueron "recomendados" en dichos cargos a los jefes delegacionales de Tláhuac y Gustavo A. Madero para liberar, premeditadamente, pagos a sus empresas.

Extraoficialmente, se dice que María Martha Delgado, quien está interna en la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla, tiene un embarazo de alto riesgo, situación que obliga a las autoridades penitenciarias a tomar precauciones.