Amado Ramírez, asesinado por informar del narco en Guerrero

¿Quién más debe morir., para que gobernantes cumplan su deber?

L a tarde del pasado viernes 6 de abril, luego de conducir su habitual programa de radio Al Tanto , en Acapulco, Guerrero, fue muerto a tiros el periodista Amado Ramírez Dillanes, jefe de información del diario local Novedades y corresponsal de Televisa. Esa ejecución se sumó a otros 20 asesinatos registrados en todo el país entre el jueves y viernes santos, en lo que ya se considera como la jornada más cruenta en la guerra que libra el Estado mexicano contra el narcotráfico.

Por las características de la ejecución, por el sello de la casa -disparos en la cabeza-, la de Amado Ramírez Dillanes no sólo es una ejecución que se puede presumir como ordenada por al crimen organizado -a su brazo armado que es el narcotráfico-, sino que parece la dolorosa confirmación de que los barones de la droga no se detendrán ante nada ni nadie -y menos los periodistas- en su guerra por el control territorial, económico, político y mediático de las regiones en donde operan a placer, en total impunidad. En este caso los criminales no se detendrán ante nada ni nadie en Acapulco, en todo el estado de Guerrero.

Pero la ola incontenible y creciente de ejecuciones -y el escalón que subieron al asesinar a uno de los corresponsales estelares del poderoso imperio mediático que es Televisa-, también confirma que la guerra sin cuartel del crimen organizado no sólo va dirigida a las instituciones del Estado mexicano -a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes de la Unión-, sino a los poderes fácticos, como el de Televisa, a cuya vertiente informativa y estrechos vínculos con el procurador Eduardo Medina Mora, les parecen hacen llegar un claro mensaje de muerte.

Periodistas en la mira

Todos saben que los barones de la droga corrompen y controlan cuerpos policiacos, círculos judiciales y gobiernos municipales y estatales. Han penetrado la política y el sector financiero, al gobierno federal en diversos frentes, sobre todo los de inteligencia y las policías especializadas. Cuando la "plata" ya no es suficiente para "aceitar" el negocio y para garantizar la impunidad, entonces recurren al "plomo", sea contra policías, políticos, gobernantes o contra traidores a su causa, sea contra enemigos de bandas contrarias.

Pero no podían dejar sueltos, en libertad, a los medios y a los casi siempre incómodos periodistas, esos que siempre o casi siempre meten ojos, oídos y olfato en donde no deben y a los que no resulta fácil callar la boca. Y es que el crimen organizado en sus muchas vertientes, y sobre todo el narcotráfico, hace muchas décadas que dejaron de ser actividades propias de bandoleros de ocasión, y se han convertido en empresas bien organizadas, que cuentan con tecnología, armamento sofisticado, sistemas de inteligencia y seguridad; con cuerpos de sicarios para todo tipo de "trabajitos" que permitan la operación eficiente de esos poderosos y lucrativos negocios.

La información periodística, como en toda actividad pública o privada, suele ser aceptada cuando exalta las bondades y la eficacia de toda actividad pública y/o privada, y se convierte en un estorbo cuando critica las desviaciones y la ineficacia de gobernantes y empresarios. Y en una actividad ilícita como el narcotráfico, que por definición vive precisamente al margen de las instituciones del Estado -y que se ha convertido en otro de los poderes fácticos que ya rebasaron al propio Estado-, la información resulta -también por definición-, uno de los principales enemigos de los criminales organizados y de los barones de la droga.

¿Por qué asesinar a un periodista? Porque las armas del periodismo y del periodista -más que las armas de las instituciones del Estado-, son la divulgación de los acontecimientos, en todos los órdenes, y la difusión de la información a través de todos los géneros periodísticos. Al llegar al otro extremo del que se produce, a los ciudadanos, la información permite mantener vivos los llamados anticuerpos sociales; es decir, la sorpresa, la indignación, el asombro -entre muchos otros anticuerpos sociales-, que desatan las reacciones sociales. Callar a un periodista, sea mediante la "plata" o el "plomo", es una respuesta de los poderes formales -de las instituciones del Estado- o de los poderes fácticos -como el poder del crimen organizado y el narcotráfico-, de anular esos anticuerpos sociales y la respuesta de la sociedad organizada. Es decir, cuando se mata a un periodista y se amedrenta al gremio y a los empresarios de los medios, se pretenden suprimir las respuestas sociales de indignación, enojo y sorpresa por lo que ocurre en un territorio ocupado por el crimen organizado. Así, el objetivo es que la sociedad considere como natural el clima de violencia e inseguridad. Pero hay más. Cuando una de esas poderosas empresas criminales, perfectamente organizadas, deciden asesinar a un periodista, no sólo calla una voz, arrebata una vida, sino que envía un mensaje de muerte no sólo al gremio de los periodistas, sino a las empresas de la comunicación, a otro poder fáctico. En pocas palabras, se les informa a los periodistas y a las empresas de la comunicación que el nuevo poder, el poder fáctico de los criminales organizados, tiene sus propias reglas para el manejo de la información, sobre todo la relativa al negocio del crimen. Pero esas nuevas reglas no lo son tanto. En realidad son las viejas reglas del silencio, la simulación, la complicidad y la desinformación.

Si hace no muchos años los gobiernos hegemónicos del PRI mantenían el control mediático a través de groseros mecanismos de censura, de la compra de conciencias o la represión física -que también incluía la muerte-, hoy los criminales organizados recurren a esa misma fórmula, sólo que con el sello de la casa; la frialdad de la "plata" o el "plomo" para los periodistas que no hacen más que su trabajo, el de informar. Pero en las nuevas reglas, igual que en las viejas reglas de antaño, informar se ha convertido en una suerte de delito, en la nueva jerarquía de los poderes en el estado de Guerrero y en casi todo el país.

Nueva jerarquía de poderes

Y es que más allá de discursos, de gobiernos del PRI, PAN y PRD; más allá de los vulgares pleitos políticos y de las inmorales rencillas por el poder, los políticos mexicanos, los gobernantes de todos los signos y de todas las tendencias ideológicas, permanecen ciegos y sordos a una realidad que amenaza a todos y la casa de todos. Es ya inocultable que el poder fáctico del crimen organizado y el narcotráfico rebasó al poder de las instituciones del Estado, pero a pocos parece importarles porque existen otros poderes fácticos que, con otras características pero con fines similares -los de someter al Estado-, operan también en total impunidad. En el México del nuevo siglo vivimos, a pesar de los políticos de todos los signos -o acaso por culpa de esos políticos-, en una peligrosa deformación de la jerarquía de los poderes, en donde se ha trastocado la razón de ser del propio Estado, su jerarquía en el poder, y su fin esencial de salvaguardar los bienes y la vida de las personas. En el nuevo edificio de poder en México los poderes fácticos se han colocado por encima de todos los poderes institucionales, y esa nueva jerarquía dicta a placer sus propias reglas del juego, sin importar las reglas del Estado.

De esa manera, por sobre las instituciones del Estado aparecen poderes fácticos como el crimen organizado y el narcotráfico -que pelean su propia guerra por negocios formidables y territorios para ello-; los poderosos grupos de la comunicación -como Televisa, TV Azteca y los que operan la telefonía, que construyen o destruyen gobiernos y gobernantes y que someten a instituciones como el Congreso, entre muchas otras-; los partidos políticos y su grosera partidocracia -que tiene la exclusividad de cargos de elección popular, que vive del dinero público, no rinde cuentas a nadie y llegó al extremo insultante de convertirse en negocios familiares-, y los liderazgos sindicales de la burocracia, capaces de trascender con toda su historia de corrupción e impunidad no sólo a gobiernos sexenales, sino la alternancia partidista y hasta la propia vida democrática.

Resulta peculiar que en tanto poderes fácticos como el de las televisoras y la telefonía, el de los partidos políticos y el de los sindicatos de burócratas -entre muchos otros-, pelean por su sobrevivencia y sus espacios de poder, por la consolidación de sus propias reglas del juego, se quejen con amargura de otro poder fáctico que les compite, el poder del narcotráfico y el crimen organizado -en efecto, un poder brutal, criminal, y cuyo mensaje es de muerte-, pero que en su propio frente de batalla hace lo mismo que los otros poderes fácticos: consolidar sus negocios y su propia jerarquía de poder. Frente a esa realidad, el poder del Estado, menguado hasta el extremo de la intolerable ingobernabilidad, resulta incapaz de hacer frente al poder fáctico del crimen organizado y el narcotráfico, como también es incapaz de contener y regular a los otros poderes fácticos: al de las televisoras y la telefonía, al de los partidos políticos, al de la burocracia sindical.

¿Quién sigue?

Acaso por eso no nos queda, como sociedad, más que esperar con los brazos cruzados que nos digan quién seguirá en la lista. "¿Quién sigue?", preguntamos en el Itinerario Político del pasado 20 de marzo. "¿Qué suerte le espera a los ciudadanos comunes, si los fueros policiaco, político y militar ya no son blindaje contra el crimen organizado?". Hoy tenemos una respuesta. Han seguido decenas de muertos, policías, sicarios, ciudadanos inocentes. Y también siguió Amado Ramírez, un periodista completo, de prensa, radio y televisión, que en ese territorio ganado por el crimen organizado que es el estado de Guerrero, cometió el pecado de violar las reglas impuestas por el verdadero poder estatal, las reglas de que informar sobre la violencia y la ingobernabilidad es igual a ser hombre muerto. Ese 20 de marzo dijimos en este espacio: "Está claro que entre la tropa social los muertos se cuentan por cientos -sean ciudadanos que estuvieron en el lugar y el momento equivocados, sean policías que cumplían su deber, sean sicarios que sabían que en ese negocio les iba la vida-, pero lo cierto es que cada día la apuesta es más alta. ¿Qué esperan para actuar el gobierno federal, el de la capital del país, los de las restantes 31 entidades federativas? ¿Qué esperan los líderes de los partidos políticos, los líderes del Congreso, los jefes de los tres poderes de la Unión? ¿Esperan que el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles sigan subiendo peldaños institucionales con atentados a mayor escala? ¿Esperan que las ráfagas criminales alcancen a un gobernador, a un secretario de Estado, a un líder parlamentario o a un ministro de la Corte? ¿O esperan que la escala siga hasta lo más alto?". Eso preguntamos el 20 de marzo pasado. Hoy los criminales dieron un paso en esa escalera de la muerte. Asesinaron al periodista Amado Ramírez, y con su muerte enviaron un mensaje más alto, al poder fáctico de la televisión. ¿Quién sigue? Los mensajes cada vez van más arriba.

El tamaño del animal

Un día antes, el 19 de marzo, también en este espacio, comentamos sobre el tamaño y el poder del enemigo al que enfrenta el Estado mexicano. Se habían decomisado 205 millones de dólares. "A partir de ese decomiso, de la fabulosa cantidad de dinero que significa, se puede entender el tamaño de la guerra que se libra en México con las bandas criminales, se puede explicar la pelea de los cárteles por tal o cual territorio; tiene sentido la estela de ejecuciones en toda la geografía nacional. Se entiende el fabuloso armamento con que cuentan las bandas criminales y la razón por la que un ejército de miles de mexicanos abandonan todo y deciden jugarse la vida por el narcotráfico. Pero esa fortuna permite también conocer con certeza el tamaño y el poder de la corrupción, la impunidad, la penetración criminal en todos los niveles y órdenes de gobierno". Y tenemos que repreguntar: ¿cuántas de esas bandas criminales operan en cada una de las 32 entidades del país? ¿Cuántos gobiernos, sean del PAN, PRI, PRD, conocen de su existencia? ¿Cuántos los solapan o se hacen de la vista gorda? ¿A cuántos candidatos a puestos de elección popular -diputados locales, federales, alcaldes, senadores o gobernadores- han patrocinado esas bandas criminales? ¿A cuántos candidatos presidenciales, o será cierto lo que dice la voz popular: "El tamaño de la incapacidad mostrada por gobiernos municipales, estatales o el federal en la lucha contra el narcotráfico, es del tamaño de la complicidad"? Lo cierto es que la incontenible violencia es una guerra que ya no se mide por los cientos o miles de muertos, por los mensajes que se mandan con cada muerte, sino que se mide por los niveles de ingobernabilidad.

Los periodistas

Por lo pronto, sería bueno que la vida de Amado Ramírez pudiera servir -además de todo lo fructífera que fue- para sacudir la conciencia de un gremio periodístico mezquino y egocentrista, que suele no ver más allá de sus narices. En solidaridad con Amado y su familia.

aleman2@prodigy.net.mx