Estrictamente personal

La desaparición de dos militantes del EPR en Oaxaca está probando el compromiso del presidente Calderón con los derechos humanos y la lealtad de su gabinete

Las organizaciones guerrilleras están pasando lista para saber si alguna de ellas sabe el paradero de los dos cuadros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez (Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, a quienes reportan como desaparecidos desde el 25 de mayo, tras ser detenidos presuntamente por los cuerpos de seguridad en Oaxaca. La comandancia general del EPR en la ciudad de México y sus ocho comités estatales en el país ya terminaron su ronda. La Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR-EPR), con la que el EPR está enfrentado, también informó que ellos no son responsables de su desaparición. La última en deslindarse el viernes pasado fue el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, agraviada con la TDR-EPR por el asesinato de uno de sus dirigentes. La conclusión del pase de lista confirma que la suerte de Cruz Sánchez y Reyes Amaya no se decidió en un ajuste de cuentas guerrillero. ¿Quién entonces? Esta es la respuesta que está buscando el gobierno federal.

Desde la semana pasada la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y el Cisen iniciaron pesquisas para hallarlos. Lo primero que hicieron fue corroborar que no hubieran sido víctimas de la delincuencia común, y revisaron los partes policiales de todas las corridas camioneras del 23 de mayo entre la ciudad de México y Oaxaca, que fue el último día en que los familiares de Reyes Amaya lo vieron. El rastreo mostró que hubo dos robos en los autobuses que cubren esa ruta, pero en ninguno se registró una toma de pasajeros. La investigación se ha profundizado para evitar que ante la falta de respuestas se den más actos de sabotaje por parte del EPR.

El presidente Felipe Calderón dijo este lunes que los bombazos en los ductos de Pemex tenían como fondo una estrategia mediática. Debe estar ganando tiempo. La última explosión en un poliducto en Querétaro produjo severos daños a la economía, con lo cual el dicho presidencial queda como un mero recurso retórico para minimizar la gravedad del hecho. Pero detrás de los lances públicos hay mucha preocupación. Una prueba es que el permiso vacacional que dio el Presidente al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se recortó 72 horas al urgirle que regresara de Roma, donde estaba el jueves pasado. El gobierno, como el EPR, están en alerta.

Las investigaciones han comenzado donde deben: por el principio. Las autoridades encargadas de ello están realizando el trabajo arqueológico de la ruta que supuestamente siguieron Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Aunque Cruz Sánchez, el único eslabón entre todas las facciones del EPR, vivía en la más grande clandestinidad, se tiene una bitácora estimada del tiempo en que debió haber partido hacia Oaxaca por las declaraciones públicas de la hija de Reyes Amaya, Nadine, quien dijo a la prensa que su padre salió la noche del 23 de mayo en autobús a Oaxaca. Aunque no hay confirmación aún de que hayan viajado juntos —lo cual es improbable de acuerdo con los cánones de seguridad cuando se vive en la clandestinidad—, según los comunicados del Comité Cerezo, fundado por los hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, alias Francisco Cerezo, comandante en jefe del EPR, y por la propia guerrilla, Reyes y Gabriel Alberto, conocido como “el tío Genaro”, fueron detenidos juntos en Oaxaca. El punto de partida son las centrales camioneras TAPO, de donde salieron cinco corridas a Oaxaca esa noche, y Del Sur, de donde salieron otras tantas. El segundo punto de la investigación es lo que les pudo haber sucedido en la capital oaxaqueña, a donde llegaron supuestamente la madrugada del 24.

Pedro Ansótegui, columnista del semanario Transición Oaxaca, que mantiene una postura crítica ante el gobierno de Ulises Ruiz, reportó en la última semana de mayo que al mediodía del 24 de ese mes la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía estatal, actuando según un tip, había llegado al Hotel del Árbol en la capital oaxaqueña en busca de un “grupo armado”. Cuando fueron detenidos, agregó, dijeron ser policías ministeriales de Chiapas que se encontraban en una comisión. Ansótegui aseguró que en realidad no se había tratado de policías, sino de una célula guerrillera, en la cual se encontraba Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hermano del comandante en jefe del EPR. Aunque por la función que realizaba Cruz Sánchez es poco probable que se hospedara en un hotel y no en una casa de seguridad, y además armado, la versión se ha ido consolidando en medio de los vacíos de información existentes y las crecientes sospechas sobre una posible acción de fuerzas federales en su contra.

El diario El Imparcial de Oaxaca, que es proclive al gobernador Ruiz, reportó el sábado 26 de mayo que la Procuraduría de Justicia del Estado dijo que, en efecto, se había tratado de una confusión, y que los policías de Chiapas habían llegado desde el jueves 23por la mañana para cumplir con un mandato judicial. El periódico añadió que la Procuraduría de Justicia de Chiapas había enviado los oficios correspondientes, aunque por una falla en la comunicación en Oaxaca citó a la Procuraduría estatal; tanto la policía como elementos del Ejército habían acordonado el hotel en donde se encontraban pensando que era un grupo armado. La confusión campea libremente, lo que abona en la contrainformación que sólo beneficia a los responsables de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.

El sospechoso primario es el gobierno de Ruiz, quien niega cualquier responsabilidad, pero que, a la vez, está circulando su dicho que las explosiones en Querétaro y Guanajuato son una cortina de humo del gobierno para tapar las acusaciones lanzadas por el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon contra el PAN. Si lo están diciendo convencidos, ni Ruiz ni su gente están entendiendo la gravedad de la reaparición violenta del EPR. Pero si es parte de una estrategia para tapar culpas, sus problemas crecerán exponencialmente. El gobierno federal necesita aclarar el paradero de los eperristas y rendir cuentas. Y si el gobierno de Ruiz está de alguna manera detrás de las desapariciones, su agonía se acelerará.

El gobierno de Calderón vive momentos muy adversos. No sólo está perdiendo la batalla de la opinión pública, sino que está enfrentando a una guerrilla que parece muy decidida a atacar. El hecho de que el EPR pasó lista pública a través de los comunicados, mostrando abiertamente en dónde tiene capacidad operacional en el país, es un riesgo tan alto como el hecho mismo de haber atacado instalaciones de Pemex, asumiendo quizá que, para esos días, sus militantes ya habrían sido asesinados. Pero también, no menos grave, está en el máximo interés presidencial saber si dentro de su gobierno hubo un sector al cual se le pudo haber pasado la mano en los interrogatorios de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y los asesinó, lo que significaría que dentro de su gabinete le están diciendo mentiras.

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