Todavía a estas alturas no queda claro si se aprobará, en el ámbito federal, alguna de las reformas que se necesitan.
Es probable que se desperdicie no sólo el Bicentenario como ocasión para reflexionar sobre las debilidades del sistema actual y los cambios que urgen, sino que, además, no se capitalice la profunda crisis de 2008-09 para avanzar en las reformas.
No obstante, ni todas las reformas que se requieren son de carácter nacional, ni tiene que esperarse que el impulso venga del gobierno federal. Desear que las reformas estructurales surjan del centro recuerda la tendencia acendrada de suponer que a cada uno —ciudadano, municipio, estado— le irá bien cuando a México le vaya bien. Cómo si el desarrollo se diera de arriba abajo; es al revés: México se desarrollará cuando lo hagan sus partes.
Los inmensos problemas en que se encuentran sumidos varios estados como consecuencia de la ola de crimen organizado, la incapacidad institucional y el inmovilismo político crean condiciones propicias para que un gobernador y una legislatura estatal (electos o en campaña) propongan un gran proyecto de modernización, que incluso se convierta en ejemplo para otros estados de la República.
Es necesario que a la Federación del no, uno o algunos estados respondan con un sí a favor de la modernización y que ataquen varios de los problemas estructurales que son un lastre para el crecimiento. Los estados pueden servir como laboratorio para explorar medidas de política pública y competir entre ellos en la carrera del desarrollo. Sin duda, muchos gobiernos estatales ya han hecho reformas modernizadoras, pero no con un enfoque integral y con un nivel de ambición que destaque y sirva de efecto demostración a los otros y al propio gobierno federal.
Gobernadores en funciones, o uno en campaña, podrían comprometer un programa de reformas y trabajo, con la participación de la legislatura estatal y los ayuntamientos del estado, en ámbitos tales como:
Estado de derecho
1. Estricto cumplimiento con todas las leyes sin excepción, incluidas las federales como lo mandatan los artículos 120 (“Los gobernadores de los estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales”) y 115 (“Sin perjuicio de su competencia constitucional… los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales”) de la Constitución. Es decir, terminar con el conveniente pretexto de que el narcotráfico es crimen federal y los estados y municipios no son responsables de perseguirlo y controlarlo.
2. Centralización de las policías al ámbito estatal y contratación de sus servicios por parte de los municipios en función de necesidades y posibilidades.
3. Autonomía del procurador general de justicia del estado con respecto al gobernador, incluida su aprobación por la legislatura.
4. Adopción de leyes y códigos federales para que sirvan como estado mínimo de derecho en materia civil, penal, ambiental, mercantil, de transparencia y otros.
5. Subrogación al Instituto Federal Electoral de la organización de los procesos electorales y el mantenimiento del padrón electoral y su credencialización.
6. Subrogación al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de los procesos y solicitudes en materia de transparencia.
Modernización municipal
1. No hay posibilidad de modernización municipal sin una adecuada recaudación del impuesto predial. Más aún, no hay reforma fiscal que valga la pena sin una mucha mayor recaudación predial. Este impuesto tiene varias ventajas: es progresivo, difícil de evadir, proporcional a la riqueza y de alto impacto local. No obstante, sólo algunos municipios lo recaudan. Para su recaudación eficaz y su aceptación ciudadana se propone:
a. Catastro y recaudación a cargo del gobierno estatal. El gobernador tiene un incentivo mayor que los ayuntamientos para una mejor recaudación al durar más en el cargo y por tener un costo político más difuso.
b. Transparencia en la asignación de recursos recaudados a través del predial en la propia boleta: porcentaje destinado al gobierno estatal, porcentaje al municipio y porcentaje a la comunidad.
2. Recuperación de espacios públicos: parquímetros en todas las aceras competidas y red de estacionamientos públicos.
3. Incremento en la autonomía de gestión de comunidades al interior de municipios: asignación presupuestaria a través del predial, delegación de tareas básicas.
4. Apoyar decididamente el establecimiento de un Desarrollo Urbano Sustentable Integral en el estado.
5. Legislar la posibilidad de reelección del ayuntamiento para que entre en vigor cuando lo permita la Constitución federal.
Competitividad
1. Hacer obligatorios en ley estatal los exámenes de oposición para ser maestro, así como condicionar aumentos y estímulos al avance en los resultados de los alumnos en las pruebas Enlace.
2. Hacer obligatoria para los alumnos la obtención de una calificación mínima en las pruebas Enlace de sexto de primaria y tercero de secundaria.
3. Instituir un ambicioso programa de becas y reconocimientos para los alumnos que obtengan las mejores calificaciones en las pruebas Enlace.
4. Hacer obligatoria la participación en competencias de deportes organizadas por municipios y estado para todos los alumnos de secundaria y preparatoria.
5. Transformar los programas de estudio de los Conaleps, las universidades tecnológicas y las universidades estatales para la preparación de profesionistas escasos en América del Norte. Por ejemplo, enfermeras y doctores bilingües para estimular un clúster de salud para el turismo médico y la exportación de servicios profesionales.
6. Explorar el establecimiento de empresas estatales para la provisión de servicio eléctrico y la exploración y explotación de gas natural.
El desarrollo es resultado de la voluntad de conseguirlo. Es más fácil que fructifique en el ámbito más cercano al ciudadano: el municipio y el estado. No vale la pena esperar, quizá en vano, el sí nacional, cuando se puede dar uno estatal.
* El autor es socio de De la Calle, Madrazo, Mancera SC
| 
Digg
Del.icio.us
Menéame
Yahoo
Technorati
Facebook
