El 18 de junio, en la reunión semanal del gabinete de Seguridad Nacional en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón recibió un informe del Cisen que mencionaba que el EPR había intensificado de manera insólita el número de comunicados a la opinión pública exigiendo la presentación de sus dos miembros secuestrados el 25 de mayo, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Entre el 2 y el 14 de junio, el EPR emitió 10 comunicados denunciando que habían sido detenidos “en una acción fortuita” de la policía en la ciudad de Oaxaca, y estaban “siendo torturados” por las autoridades federales. Nadie tenía duda: algo estaba por suceder.

La alta frecuencia de los comunicados tenía una razón muy clara. Cruz Sánchez no sólo era hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Francisco Cerezo Quiroz, comandante en jefe del Ejército Popular Revolucionario (EPR), sino que era una pieza clave dentro de la organización guerrillera.

Gabriel Alberto, que también responde al nombre de Raymundo Rivera Bravo, era el enlace personal entre las tres familias que controlan y dirigen al EPR, los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Círigo Vázquez, y que sin estar enfrentadas tienen una serie de diferencias por el manejo del dinero obtenido de los secuestros de alto impacto en la década pasada —en el caso de las dos primeras—, y por el paulatino abandono de la lucha armada para incursionar en la política por la vía legal —en el caso de la tercera.

El golpe contra Cruz Sánchez había sido directamente al corazón de la Comandancia General del EPR. Las detenciones y la exigencia de su presentación con vida aglutinó de manera muy sólida al EPR en todo el país, que se puede ver con el comunicado que sacó el 7 de junio Tendencia Democrática Revolucionaria, una escisión del EPR, donde pidió anteponer las diferencias para enfrentar al Estado, y a través de los comités eperristas que emitieron los 10 comunicados. Dos se expidieron desde el “valle de México”, dos más desde la “República Mexicana”, y el resto, en orden de difusión, en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y en “algún lugar del estado de Chiapas”. De esos 10 comunicados, los únicos que aportaron información y no sólo reprodujeron las denuncias, fueron los dos primeros.

El del 2 de junio que daba cuenta de la detención, señaló que la policía de Oaxaca había detenido a tres de sus miembros, sin identificar al tercero, y que eran torturados por agentes federales y militares. El segundo, el 5 de junio, ya no hacía mención del tercero no identificado y, a diferencia del primero, ya incluía a los cuerpos de seguridad de Oaxaca como corresponsables de las torturas a sus miembros.

En la referida reunión del gabinete de seguridad nacional, los secretarios participantes: Gobernación, Seguridad Pública y Defensa, el procurador general de la República y el director del Cisen negaron ante el Presidente haberlos detenido, menos aún tenerlos. Voltearon los ojos a Oaxaca y pensaron que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz o algunos subalternos fuera de su control habían detenido a Cruz Sánchez y Reyes Amaya. El único dato que les brincaba es que ambos, en particular el primero, vivían en la clandestinidad más profunda, por lo que haberlos detenido habría requerido un nivel de información de inteligencia que no le adjudicaban al gobernador.

Dos días después de esa reunión, el 20 de junio, el EPR sacó otro comunicado, el último antes del que difundió el martes 10 de julio para reivindicar las explosiones en cuatro ductos de Pemex en el Bajío, donde por primera vez en dos semanas aportaban más información. Firmado en la “República Mexicana”, precisaban que la tortura se estaba realizando en las instalaciones de la PGR, reclamaban al líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que “además de tratar asuntos del aborto y la eutanasia, no se pronunciara junto con el PRD por la libertad de los presos políticos y de conciencia”, y expresaba su extrañeza de que la APPO no hubiera denunciado las desapariciones. Este comunicado llevaba su propio mensaje. El líder de los diputados locales del Distrito Federal es Víctor Hugo Círigo, miembro de una de las familias que históricamente han dirigido al EPR, y de los cuadros que abandonaron la lucha armada para pelear dentro de la legalidad.

La APPO tenía otras razones para su silencio. Durante la reunión del gabinete de Seguridad Nacional el 18 de junio, la conclusión a la que llegaron los funcionarios fue que el EPR estaba planeando una operación militar, en efecto, pero en Oaxaca, y muy probablemente durante los festejos de la Guelaguetza, que es la fiesta estatal más importante, que necesita el gobernador Ruiz para asentarse en el poder. A partir de ese análisis, se ordenó al gabinete de seguridad sellar Oaxaca y “apretar” a la APPO.

La forma como se ha comportado la APPO en este caso permitiría suponer que el “apretón” tuvo resultados, pero no así otra deficiencia más, en el área de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde el comandante de la VIII Región Militar, general Juan Alfredo Oropeza Garnica, no hizo su trabajo en la zona de Los Loxichas, el bastión del EPR en Oaxaca. Las fallas en el sistema de inteligencia mexicano condujeron a las explosiones en los ductos de Pemex, una operación que sorprende por la rapidez con la cual el EPR montó el sabotaje.

Desde el 2 de junio en que denunciaron que sus dos desaparecidos a los primeros actos de explosivos el 5 de julio, la planeación y ejecución realizada por el EPR demoró sólo 33 días. El golpe fue muy elevado contra el gobierno para que las indagaciones sobre los hechos y el EPR se queden en la parte exógena.

Hay preguntas fundamentales que hay que hacer. La presunta responsabilidad del gobierno de Ruiz en las desapariciones, puede empezar a descartarse por el enorme nerviosismo que ha mostrado al saber que su cabeza es la más débil y la principal sospechosa. Las áreas civiles de seguridad federal insisten en que no son responsables de esa desaparición. La Sedena también lo afirma, pero las sombras la persiguen.

Falló en su cometido el general Oropeza Garnica, quien es un militar distinguido. Falló también el operativo Centinela que puso en práctica el Ejército para vigilar las instalaciones estratégicas, y en particular las petroleras, después de que Al-Qaeda amenazó con atacar a Petróleos Mexicanos (Pemex). Y al mismo tiempo, las amenazas que recibieron los hijos del jefe del Ejército Popular Revolucionario a través de un correo el 26 de junio, tienen un grado de información y de precisión en las amenazas y mensajes codificados, que sólo una fuerza superior o cuando menos equiparable, podría tener esa capacidad de fuego.

Fuentes cercanas a la Secretaría de la Defensa Nacional dijeron que las versiones dentro del Ejército apuntan a que los desaparecidos fueron por cuenta de los militares. El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ya le dijo al Presidente de la República que no es así. Pero no basta. La investigación tiene que ampliarse hasta encontrar, vivos o muertos, a Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y determinar lo que sucedió con ellos. Los errores de inteligencia ya provocaron grandes pérdidas económicas para el país en los últimos días, y entre más tiempo sigan desaparecidos, los riesgos de nuevos sabotajes irán creciendo.