EN todas partes se escucha que los problemas del país no están siendo atendidos cabalmente por las instituciones, y es verdad. Una democracia debe encontrar mecanismos de solución de los problemas. Pero seamos francos, por lo menos al empezar el año; para avanzar de manera más rápida debemos incorporar a la mayoría de los ciudada-nos al debate nacional.

Una democracia funciona porque los ciudadanos eligen a sus gobernantes y exigen que les rindan cuentas, pero para mejorar la calidad de la democracia es indispensable que sean los ciudadanos quienes articulen el debate público y participen en el mismo con información clara.

En México padecemos una grave desigualdad en todos los órdenes, pero la más terrible y ominosa es la desigualdad en el acceso a la información. Estadísticas hay muchas, el número de lectores de periódico comparado con la población en general es alarmantemente bajo. Tenemos una ciudadanía poco desarrollada en términos informativos, que es fácilmente víctima de la manipulación.

Sería deseable vigori-zar la musculatura de la democracia a través de la construcción de ciudadanía; esto supone, entre otras cosas, que un número creciente de personas tenga claridad sobre los problemas del país y sus posibles soluciones.

Sin un debate riguroso, la discusión pública se convierte en un galimatías que irrita a los ciudadanos y los lleva a tener opiniones superficiales sobre los temas clave. Ante esta realidad, las campañas electorales se convierten en un ejercicio de demagogia y simplificación que sólo busca cautivar la sensibilidad del círculo verde (el grupo de ciudadanos que está marginado del debate nacional) y no profundizar en los asuntos de la agenda.

Al grupo de los ilotas (los que no participan) no hay que tomarlo seriamente, hay que darle carnaza electoral en forma de promesas; el baño de realidad se lo darán después de las elecciones.

Una encuesta del Conaculta arroja resultados inquietantes. El 40% de la po-blación no lee ningún libro, 28% lee en-tre uno y dos libros al año. El 19% lee de tres a cinco libros al año y sólo 6% decla-ra leer más de 11 al año.

En contraste -y sin caer en prejuicios elementales contra la televisión- 51% de la población dedica de dos a cuatro horas diarias a ver la tv, 20% la ve cinco ho-ras diarias y poco más de 8% más de cin-co horas diarias. En otras palabras, ocho de cada 10 mexicanos dedican de dos a cinco horas a ver tv. Por eso la política en México cada vez es más de pantalla que de teoría y es imposible vertebrar un debate nacional sobre premisas sólidas.

Un mínimo de objetividad debería permitir a todos los ciudadanos saber que si el gasto del gobierno depende en una tercera parte de la renta petrolera, el país tiene una vulnerabilidad enorme. ¿Qué pasa si el precio del barril cae? O bien, como pronostican los expertos, ¿qué haremos si nuestras reservas se agotan en los próximos 10 años? No hace falta ser economista para darse cuenta del problema.

El tener un diagnóstico socialmen-te compartido permite exigir que los candidatos no digan cualquier cosa sobre el tema para endulzar los oídos de sus vo-tantes y éstos les exijan que sus propues-tas partan de la realidad y no del voluntarismo. En México el debate tejido desde las campañas es exactamente el inver-so: no digamos la verdad, aunque la sepamos, así nos hacemos más populares, el pueblo es un menor de edad que no tie-ne por qué conocer la realidad.

Se puede engañar a un niño sobre los problemas financieros de una familia para no inquietarlo, pero este procedimiento es detestable si se trata de engañar al soberano. Por eso es importante que más gente disponga de un diagnóstico riguroso de las debilidades del país. El pueblo tiene derecho a conocer la realidad, porque en una democracia la gente es parte de la solución y no solamente un actor pasivo de decisiones que una minoría adopta en nombre de la colectividad.

Se puede demostrar que la gente tiene sentido de la responsabilidad y cuando se le ha-ce partícipe de los problemas sabe que puede arrimar el hombro y apoyar, pero necesita de un conductor que la guíe y le plantee las responsabilidades que puede asumir y no sólo se dedique a engañarla.

Un ciudadano no sólo vota, también tributa y tiene el derecho de participar en las deliberaciones públicas. Marginar a la mayoría del debate sobre las opciones reales del país, condena a nuestra democracia a tener una ínfima calidad y caer en un juego de coqueterías impúdicas con el fin de obtener el voto. Prometer el oro y el moro es parte de una campaña, pero es la fortaleza de la sociedad civil la que pone un dique a los que la cortejan. Por eso es crucial revisar desde diferentes trincheras (empresariales, sindicales, académicas y, por supuesto, los medios) si estamos haciendo lo correcto para incluir a más ciudadanos en la deliberación nacional.

El espacio del debate político debe tener una función pedagógica y unos mínimos de honestidad intelectual, para que no sea un catálogo interminable de recetas, sandeces y descalificaciones. Si queremos calidad debemos ser más exigentes. Si queremos una democracia más vigorosa debemos abrir el espacio público a un mayor número de ciudadanos.

Analista político