FELIPE Calderón Hinojosa y Roberto Madrazo Pintado llenan cabalmente los peldaños del segundo y tercer lugares de preferencias electorales, diferenciado uno del otro por una mínima elevación. Andrés Manuel López Obrador mantiene el primer lugar que ha ocupado desde hace 22 o 23 meses.

Marzo se adelantó. Febrero generó la sensación de que el día de la elección ya no estaba distante. Los indecisos comenzaron a decidir y aceleraron el surgimiento del fenómeno denominado opinión pública: la que cada ciudadano emplea como arma política de proselitismo.

Podría Madrazo descender algunos puntos. Felipe Calderón permanecerá en donde se encuentra clavado. Se vigorizará la inercia inerrante de López Obrador: el movimiento inalterado, uniforme de su campaña, a menos que lo ataje alguna avasalladora fuerza superior en dirección opuesta, que no parece existir ni que pueda ser puesta en marcha dentro de la normalidad electoral hasta hoy prevaleciente.

La atmósfera electoral está cargada de demandas de cambios para resolver los problemas de la agricultura de subsistencia, del trabajo industrial inestable, de los servicios marginales y de las mil y una tareas mal remuneradas de la economía informal.

El antecedente presagioso del resultado favorable a López Obrador es la sucesión de 1994. Impactado por los sucesos terribles de 1993 -el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el anómalo destape de ultratumba de Ernesto Zedillo Ponce de León, la declaración de guerra que desde Chiapas lanza el 1 de enero el EZLN en contra del (mal) gobierno en turno-, el pueblo llano optó entonces por la maquinaria autoritaria, pero eficaz, del Partido Revolucionario Institucional y eligió a Ernesto Zedillo para recuperar la estabilidad perdida. Zedillo recibió la votación más copiosa de todas las elecciones anteriores. El de 1994 fue un voto conservador.

La primera medida del nuevo gobierno, frente a los augurios de su defenestración en la Semana Santa del 95, fue la aprehensión y espectacular sujeción a proceso de Raúl Salinas, hermano del presidente inmediato anterior.

En su tercer año de gobierno, Ernesto Zedillo consideró ineludible impulsar un cambio de partido en la cima de la República.

Al segundo mes de su cuarto año de gobierno, comenzó una intensa actividad para concertar, arreglar, amarrar y asegurar que el candidato triunfador tomara posesión. Auspició que la elección se efectuara sin intervenciones del gobierno, ni de los mapaches, los ratones locos y los carruseleros adiestrados por los operadores tradicionales. Se dio cuenta de que Vicente Fox Quesada era el sucesor idóneo. El excelente candidato Vicente Fox a seis meses de la elección, tenía asegurado el triunfo.

Zedillo evitó que los jefes de las Fuerzas Armadas, los directivos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, su gabinete, la Iglesia católica y los líderes obreros impugnaran la elección. Y que la cúpula del Revolucionario Institucional, además, aceptara inmediata y públicamente la derrota, la cual el mismo presidente anticipó frente a la televisión y la radio una hora después del cierre de casillas. Asumieron el mismo compromiso las confederaciones de sindicatos, las agrupaciones obreras "disidentes", las organizaciones de servidores públicos, los banqueros, los financieros, las cámaras industriales y comerciales, las cúpulas empresariales, los intermediarios de la inversión foránea y los grandes importadores de Estados Unidos y de Europa Occidental. Zedillo aseguró situaciones ventajosas para las élites económicas y políticas tradicionales. A todos los líderes, públicos o privados, les garantizó una sinecura.

Fox tomó posesión pacíficamente. Cumplió su parte. Mantuvo inalterado el aparato político administrativo tradicional. Propaló el gran cambio económico fundamentado en el mercado exterior, que habría de sustentarse en las organizaciones gubernamental y de control social tradicionales. La cúpula neopanista y la vetusta organización de Acción Nacional efectuaron el papel conservador y estabilizador, instrumental para poner en práctica políticas laborales y de comercio ceñidas estrictamente a la oferta y demanda, a las determinantes políticas de los mercados de exportación e importación y a las indiscriminadas aperturas al comercio y a la inversión directa de Estados Unidos.

Las políticas conservadoras implicaron bajos salarios, la supresión de la inversión en medicina preventiva y curativa, y en la educación pública. Se deterioró la vida de 85% de la población. Su expresión más angustiosa es el éxodo hacia el norte: el mayor fenómeno migratorio y el de más larga duración en la historia contemporánea. Los trabajadores que aquí se quedaron han padecido los daños del desempleo súbito, la lacerante intemperie del comercio ambulante, los exiguos ingresos familiares, la pérdida de la parcela y la consiguiente sensación de despojo.

El sexenio del "cambio" entrega un país con instituciones jurídicas frágiles, un ejecutivo federal con articulaciones herrumbradas porque no fueron empleadas en la ineludible negociación, para resolver enfrentamientos con un Congreso federal fuerte y plural. Lega una economía prendida con alfileres a la economía de Estados Unidos, la cual pasa por su momento más inestable dado su gigantesco déficit resultante de sus guerras de intervención.

Deja una fuerza de trabajo debilitada por el doliente éxodo, la seguridad social postrada y las políticas sociales depredadas. El crecimiento está detenido por las fórmulas timoratas de desarrollo, sin imaginación, que proveen cifras asépticas destinadas a los folletos de las intermediarias bursátiles y de los aglomerados bancarios y financieros. La administración prestó atención excluyente al comercio exterior en detrimento de la producción y el mercado domésticos. Fueron segados el empleo y el consumo en las zonas de producción de granos, semillas, legumbres, frutas y carne, en las zonas industriales y en las ciudades.

Al iniciarse marzo, la opinión pública se definió por la necesidad del cambio de políticas de empleo, sociales, comerciales, de producción, de orientación de inversiones públicas y privadas cuya implantación no necesita más que un gobierno dispuesto a hacerlo, con sencillez, sin rebuscamiento, con deseos de desatar un proceso de desarrollo saludable para todos los mexicanos. Corresponde al presidente Fox durante los 60 días previos a la elección cumplir con la ineludible responsabilidad de asegurar que la transferencia del poder se efectúe pacíficamente.

Profesor de la FCPyS de la UNAM