El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, pide al resto de América Latina la creación de una fuerza militar multinacional que opere en su país para combatir a los cárteles del narcotráfico con recursos humanos y tecnológicos inaccesibles para la nación centroamericana. La alarma se desató desde el pasado 30 de noviembre, cuando un tiroteo entre bandas mexicanas y guatemaltecas en una aldea dejó 17 muertos.

El sistema de seguridad guatemalteco “es del siglo XIX, mientras que el crimen organizado opera con tecnología del siglo XXI”. dijo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ante el Congreso de aquella nación. Cuando un grupo, como en este caso el narcotráfico, suplanta, compite o se coloca por encima de las obligaciones de seguridad, bienes y servicios de un país es que se habla de Estado fallido. Los síntomas parecen claros.

En algunas zonas de México, decenas de municipios, entidades como Chihuahua, pueden apreciarse los mismos síntomas; en general, incapacidad estatal para dar garantías a la población frente a la ley establecida por criminales facultados incluso para imponer toques de queda a la población. Tener en la frontera sur toda una nación con esas características potenciaría las posibilidades de hacer lo mismo aquí.

Aunque en principio cualquier persona o grupo puede abusar de otro aun en el marco institucional de los estados, sólo éstos asumen obligaciones directas en relación con los derechos de todos. Vulnerar ese orden deja en completa indefensión a cada persona bajo protección —efectiva o no— de ese Estado.

Hoy la estructura estatal está amenazada por agentes que actúan más allá de las fronteras nacionales: terrorismo, narcotráfico, contrabando. Enfrentarlas, por tanto, requiere iniciativas supranacionales también. Sin embargo, tal poder debe ser empleado únicamente para reforzar el dominio perdido del Estado, nunca para sustituirlo. Hacerlo implicaría dejar la vida de los ciudadanos en manos de un mando sin obligaciones.

La respuesta a la crisis de seguridad guatemalteca será más compleja que el simple envío de soldados porque la afectación a ese país es de fondo. Conforman la economía criminal una nebulosa de individuos en varios países interconectados; sociedades comerciales, asociaciones privadas, empresas, políticos, policías, militares, jueces, fiscales. Socavar tal estructura requiere inteligencia, cooperación militar y, eventualmente, fuerzas multinacionales en un territorio.

El gobierno del presidente Felipe Calderón tendría que asumir un papel preponderante en esa tarea. Los mandatarios extranjeros lo han reconocido por enfrentar sin vacilación al crimen organizado y, en respuesta, México ha enfatizado la necesidad de incrementar la cooperación regional. Este es el momento de responder a esas expectativas y a ese discurso.

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