Por si no fuera bastante enterarnos del dispendio en salarios y aguinaldos de legisladores y otros funcionarios, éstos se dan también el lujo de usar las instituciones que ocupan como oficinas de relaciones públicas o de propaganda personal. Aquí mismo, en este periódico, recibimos todos los días cartas con elegantes bordados, informes institucionales de 200 páginas a todo color en papel couché, lujosas invitaciones a eventos gubernamentales, agendas forradas en piel con tarjetas de buenos deseos de gobernadores, entre otros artículos tan estrafalarios como innecesarios. Si el objetivo fuera sólo informar o felicitar, por el bien del dinero de todos, por favor, manden un simple correo electrónico.

Conforme se acercan las elecciones del próximo año veremos más ejemplos de promoción personal a costa de las arcas del Estado. De hecho, esos ejemplos ya son perceptibles en las calles y en los medios de comunicación. A raíz de que el Instituto Federal Electoral permitió la difusión de propaganda con motivo de los informes de gobierno de los funcionarios públicos éstos han encontrado un resquicio legal para eludir la prohibición de usar su imagen o su voz en la promoción de acciones gubernamentales y obra pública. Caso emblemático es el del gobernador de Nayarit, Ney González.

La multipublicitada reforma electoral que —según los spots de la Cámara de Diputados— acabaría con el uso de recursos públicos para la promoción de los gobernantes ha resultado insuficiente. De hecho, no hay garantías de que el gasto sea menor en publicidad que antes de la reforma. En un año, por ejemplo, el Senado incrementó en más de 5000% sus solicitudes de envíos al Servicio Postal Mexicano. Entre 2006 y 2007 los legisladores aumentaron de 31 mil a 1 millón 600 mil los requerimientos de mensajería pagados con el erario.

Sólo el senador Jorge Mendoza Garza, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, envió a ese estado un millón y medio de cartas iguales con su informe de labores. “Quería estar en contacto con los ciudadanos”, se justificó. Lo peor de todo es que la ley se lo permite.

Hablan los legisladores de privilegios. Critican los del PRD los anuncios del gobierno federal en televisión. Denuncian los del PRI uso electoral de los programas sociales. Alertan los del PAN sobre la promoción con cargo al erario de las imágenes de Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no empiezan por limitarse a sí mismos?

Las reglas que permiten los abusos de los servidores públicos son las mismas para todos. Se muerden la lengua cada vez que denuncian tropelías de los adversarios.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.