De acuerdo con los datos presentados, durante el año 2008 han tenido lugar 13 asesinatos y ha confirmado dos desapariciones de periodistas en México; los estados de Oaxaca y Tamaulipas ocupan los primeros lugares de agresiones contra la libertad de prensa; y de los 274 casos que se ventilan en el fuero federal, en 95 se declaró incompetencia, seguido del no ejercicio de la acción penal en 29 de ellos y 26 casos fueron archivados. Sobre la incidencia de delitos contra periodistas se establece que el mayor número que se denuncian son amenazas y abusos de autoridad.

Aún cuando se presentan algunas cifras, valga decir confusas e inexactas, el informe es un deficiente ejercicio de rendición de cuentas y un fiel reflejo sobre la falta de resultados ante la impunidad que prevalece en este tipo de casos. Nuevamente se exhibe la inoperancia e ineficiencia de las actividades encaminadas a investigar las agresiones a periodistas y llevar a los responsables ante la justicia, dejando en evidencia la falta de voluntad política y el encubrimiento a través de alegar falta de mandato legal.

El informe pone énfasis en desacreditar a la comunidad internacional que señala que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Sin embargo, lejos de entrar en la discusión sobre el lugar que ocupa —primero o tercero de acuerdo con la información presentada— la FEADP reconoce 13 asesinatos en lo que va de 2008, ¿Acaso este número no es suficiente para señalar que es un país de alto riesgo para ejercer la libertad de prensa?

Los datos sobre las desapariciones, que acentúan la gravedad de la situación que enfrentan quienes ejercen el periodismo en México, no es clara, pero sí demuestra la impunidad en la que permanecen y el desaliento para los familiares que esperan a sus seres queridos. El país se ha destacado por contar con varios periodistas desaparecidos, hecho que raramente ocurre en alguna otra latitud. La Fiscalía parece no querer responder a este lamentable hecho.

Como en años anteriores, una vez más la Fiscalía rechaza el hecho de que el entorno para ejercer la libertad de prensa no coincide con el nivel de desarrollo democrático del país.

El propósito de la FEADP de responder a un reclamo social y proteger un derecho fundamental se traduce, en los hechos, en una simulación. La falta de oficio, de acciones efectivas, su falta de transparencia y el cuestionar de su labor, han alejado a los periodistas de la instancia creada para protegerles. La Fiscalía atiende con desconfianza al periodista y el periodista no cree en la Fiscalía.

El hecho de que los responsables materiales de este tipo de agresiones gocen de la impunidad que ofrece el sistema de justicia se convierte en una invitación abierta para futuras agresiones. Es aquí en donde la impunidad cobra forma y muestra su verdadero rostro: incertidumbre y autocensura para el gremio periodístico; indefensión y violencia institucional e institucionalizada para las víctimas y sus familiares; desinformación para la sociedad en su conjunto. En pocas palabras, una democracia que se desquebraja antes de que logre consolidarse.

De nada sirve contar con una Fiscalía especial que presenta dichos resultados. Es necesario que el gobierno federal responda al deterioro en el ejercicio de la libertad de prensa con acciones encaminadas a proteger nuestros mensajeros y mensajeras. Sin respuestas claras, el Estado mexicano continuará violando principios internacionales vínculantes en derechos humanos y el elemento fundamental para fortalecer el diálogo político —la libertad de expresión— continuará trabajando bajo miedo.

Director de Artículo 19 en México. Organización dedicada a defender los derechos de los periodistas.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.