Por ejemplo, un grupo de 300 activistas marchaba de San Ángel a CU evocando la heroica toma de la UNAM en el año 2000 y denunciando “la represión” policiaca que le puso fin.

Frente a ella marchaban unos cascados líderes “históricos” y Fernando Belaunzarán, un líder estudiantil (CEU) que cerró la UNAM en 1987 y ahora es secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Más interesante es la entrevista que otorgó a EL UNIVERSAL el doctor Ángel Díaz Barriga; declaró que “después de la huelga se decidió compartir la dirección universitaria con el PRD.”

Algo que se sabe, pero que no suele decirse. Y ahora lo hace no sólo un universitario de toda la vida, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y ex titular de la Dirección del Centro de Estudios sobre la Universidad, sino alguien que fue uno de los representantes de la UNAM ante los invasores durante aquel costoso, bochornoso conflicto. Supongo que la declaración deberá considerarse informada y objetiva.

Agrega Díaz Barriga que “tras la huelga se decidió otorgar una cuota de direcciones e instancias académicas sólo por la pertenencia o simpatía con el PRD, y no por competencia académica. Si hoy la Universidad es más plural, entre comillas, se debe a eso”. Obviamente no menciona ni quién hizo el pacto ni qué puestos de dirección se le entregaron al PRD. Tampoco dice a cambio de qué, pero no es difícil conjeturar que la UNAM habrá claudicado a cambio de un seguro multimodal antihuelgas y de paz interna con sus activistas y con su descomunal sindicato. (Sobre esto, puede googlearse mi artículo “Edipo en la UNAM”, que apareció en Proceso hace 10 años).

Para el PRD es negocio: se hace fuerte en una instancia con peso político nacional, fácilmente inflamable, que cuenta con un presupuesto importante. Y además beneficia a sus cuadros, en algunos casos hinchando el organigrama con dependencias administrativas y académicas para hospedar ideólogos y ex líderes estudiantiles (y a veces sus familias) que se dan premios mutuamente.

Es penoso que la UNAM comparta la responsabilidad de su conducción con un partido político, ella, tan obsesivamente autónoma. Que, tan adversa a la privatización, tolere entregar zonas de su desinterés universitario al interés privado del PRD, y no sólo a su STUNAM sino a un puñado de funcionarios y académicos “progresistas” cuyas dependencias, programas y proyectos, comisiones, mecanismos de promoción e ingreso, difícilmente podrán abstraerse de su militancia.

Esto, que sería hasta positivo en otros ámbitos, es grave en una universidad. Por eso es que la UNAM, en el artículo dos de su Estatuto General, luego de consagrar “los principios de libre investigación y libertad de cátedra” se ordena a sí misma acoger en su seno “con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social”. Claro, de eso se trata una universidad, que debe precaverse contra quien opine otra cosa, por lo que el mismo artículo ordena que en la libertad de la UNAM no tienen sitio “las actividades de grupos de política militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas corrientes o tendencias”.

Pero el PRD, parecería, mandó al diablo ese estatuto.

Y la UNAM se ha resignado a ese chantaje para agregar, a sus muchos problemas, caminar en una cuerda floja zarandeada por una familia disfuncional y llena de pugnas internas que se riñe los cotos de poder e impone sus propios estatutos.

Y pensar que todavía en 1998 el PRD declaraba, con toda seriedad, que “no tenía nada que ver” con los problemas que llevarían a la UNAM a esa huelga...