TIJUANA, BC.— “¡Que ya paren! ¡Que ya se callen!”, gritaba Daniel, quien apenas cuenta cinco años de edad, ante el estruendo de las ráfagas de metralleta que le despertaron en aquella madrugada del martes.
Alicia, la madre, forcejeaba con el niño para que se tirara al piso, pues se resistía, aterrorizado, mientras un comando de hombres disparaba con armas de grueso calibre contra una residencia vecina, en donde se encontraba el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella Ibarra.
La noche anterior, los hijos de la mujer se durmieron antes de las 21:00 horas, como es su costumbre. Las actividades del hogar comienzan antes de las seis de la mañana.
Sin embargo, los disparos, que se prolongaron por más de 15 minutos, rompieron la quietud de la noche y trastornaron la jornada.
El esposo de Alicia llegó al hogar cinco minutos antes del ataque y no observó nada extraño. Pero apenas platicaba sobre los acontecimientos del día cuando escucharon que los perros comenzaban a ladrar, nerviosos, pero decidieron no salir.
Algunos ruidos en el exterior los pusieron en alerta.
Al instante se oyeron los primeros disparos, por lo que corrieron al segundo piso donde se encuentran las recámaras de sus hijos. Sin pensarlo, Alicia tomó del brazo a los dos más pequeños, mientras intentaba tirarse al piso.
Pero Daniel gritaba aterrorizado, sin control. La mujer tuvo que golpearle las piernas para obligarlo a que se resguardara.
“Fueron los 15 minutos más largos de mi vida”, explicó más tarde, mientras observaba los estragos de los disparos que impactaron dos casas vecinas.
Uno de estos domicilios era el de Alberto Capella Ibarra, quien resultó ileso del intento de asesinato.
La mujer cuestionó la tardanza con la que acudieron elementos de las policías municipal y Ministerial, pues ambas corporaciones cuentan con instalaciones frente a la casa del activista.
No obstante su alarma por los hechos registrados en la madrugada, la entrevistada aceptó que “ya veía venir un hecho violento”, pero no contra una vivienda, sino contra las instalaciones del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia, que se encuentra a 50 metros de la vivienda atacada.
Recordó que hace 10 años los vecinos de la Sección Jardín del fraccionamiento Playas de Tijuana protestaron contra la instalación de esas oficinas. Pero las autoridades finalmente se “salieron con la suya” y no sólo permitieron la operación del grupo especializado, sino que además constantemente trasladan ahí gente detenida.
“Me da miedo que algún día alguien vaya a intentar rescatar a algún detenido”, advirtió.
