Dentro de las principales modificaciones que contiene esta propuesta figuran la unificación de las materias electoral, contenciosa y administrativa en un solo Tribunal; el establecimiento de nuevos Sistemas de Revisión y Control Constitucional, y la transformación de la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General —cuyo titular sea propuesto por el Ejecutivo, pero aprobado por el Legislativo.

Contempla la creación del Instituto de la Defensoría Pública, para la prestación obligatoria de este servicio en materia penal, algo considerado como una prioridad jurídica y social.

Se destacó la participación en la construcción de esta propuesta, por parte del Poder Judicial del Estado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Comité de Consulta en materia de justicia y seguridad del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico estatal, instituciones de educación superior, además de cámaras empresariales.