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El Cisen se encargó de seguir, vigilar y grabar las actividades de la magistrada federal Rosalba Becerril, pareja del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel, así como del hijo de ambos, durante 2004, justo cuando se hablaba de una supuesta cercanía entre el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

La época coincide con el tiempo en que también, de manera paralela, se inició una investigación interna en el Poder Judicial para verificar la presunta existencia de irregularidades en el tribunal en el que operaba la magistrada, en lo que se consideró desde aquella época como un ajuste de cuentas en contra de quien fuera “la mujer fuerte” de la administración de Góngora.

El espionaje de que fue objeto Becerril quedó documentado en una demanda de amparo que promovió la propia magistrada, apenas el 12 de mayo pasado, ante la versión de que existía una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

En el documento también se da cuenta de un intento de secuestro, en diciembre de 2002, en contra del hijo del ministro Góngora, el cual finalmente culminó con el rapto de la hermana de la magistrada cuando salía de la casa de la familia Becerril, al sur de la ciudad.

Desde esa ocasión la magistrada contaba con una escolta de agentes federales que se encargaban de custodiarla. Y fue precisamente su escolta la que detectó, el 2 de octubre, que un par de sujetos seguían en un vehículo la camioneta en la que viajaba Becerril en compañía de su hijo.

Por los antecedentes del secuestro de su hermana, los agentes le pidieron a la magistrada que realizara algunas maniobras para perder al vehículo que los seguía, hasta que llegaron al estacionamiento de la Plaza de San Jerónimo, en donde recibieron apoyo y detuvieron a las dos personas que los siguieron.

Los detenidos fueron remitidos a la Procuraduría capitalina y después a la Procuraduría General de la República, en donde el caso se cerró posteriormente porque los hombres se identificaron como elementos del Cisen en labores de comisión para investigar actos relacionados con el 2 de octubre del 68 que se recordaba ese día.

Nadie les creyó. Pero versiones extraoficiales aseguran que el asunto se cerró y se decidió mantener en privado después de una plática entre Góngora y el entonces secretario de Gobernación y ahora senador Santiago Creel Miranda.

En el juicio de amparo que promovió Becerril —y que al final le permitió corroborar que no había ninguna averiguación en su contra en la Procuraduría General de la República— también dio a conocer que de manera reiterada ha recibido una serie de amenazas de muerte y anónimos en los que le advierten que van a destrozar su carrera y su vida.

La versión de la orden de aprehensión en su contra y las amenazas las atribuye la magistrada a gente del propio Poder Judicial, de acuerdo con personas cercanas a ella.

Desde hace años en el Poder Judicial se conocía de la investigación en su contra en el Consejo de la Judicatura Federal y se manejaba como una especie de ajuste de cuentas interno, del que nadie se atrevía a hablar, porque el asunto se fue alargando.

Del mismo modo en diversos sectores se conocía de la relación extramarital que mantenía la magistrada con el ministro Genaro Góngora Pimentel, pero el asunto se había mantenido en el ámbito de la vida privada, hasta hace unos meses, cuando se consideró que la información estaba siendo usada y filtrada hacia grupos políticos fuera del Poder Judicial para golpetear al ministro Góngora. En especial cuando buscó ser presidente del IFE.

Actualmente, Rosalba Becerril enfrenta una denuncia administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal por presuntas irregularidades y alteraciones de sentencias, presentadas por funcionarios menores del propio tribunal al que estaba adscrita la magistrada.

Y en breve espera que se le notifique una sanción menor, consistente en una amonestación, por otra denuncia que investigó el Consejo de la Judicatura Federal.