Un juez federal libró orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud contra 12 militares y seis policías municipales de Aguascalientes, quienes permanecían arraigados desde marzo por colaborar con Los Zetas, a los que presuntamente daban protección y servían como sicarios.

Los militares fueron detenidos el 6 de marzo, como resultado de una investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, iniciada el 21 de febrero por la presunción de que estaban vinculados con el cártel del Golfo, la organización criminal de Osiel Cárdenas Guillén.

Las autoridades militares declararon la incompetencia del Fuero de Guerra en este caso y turnaron el asunto a la Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que obtuvo una orden judicial para arraigar a los 12 militares y a cuatro policías de la capital de Aguascalientes.

En los días siguientes, como resultado de las investigaciones, fueron detenidos otros dos agentes municipales: Édgar Picaso o Picazo Reyes y Antonio Picaso Luna, quienes fueron consignados junto con sus ex compañeros Johan Chávez Salazar, Fernando Martínez Márquez, El Sheriff; Arturo Ramos Santillán y Julio Cabrera Cortés.

Los militares consignados son: Alejandro Sánchez López, Mario Fernando Vega Landín, El Puma; Hugo Enrique Saucedo Ríos, Lucio Martínez Toledo, Rodrigo Cruz León, El Venado; y Nicolás González Callejas, Cala o Alcohol.

También forman parte del grupo Juan Carlos García Ibarra, La Ardilla ; Miguel Santés Pérez, Juan Manuel Sánchez González, El Panda; José Reyes Ibarra Segovia, El Pinki o H3; Samuel Domingo Martínez y Jorge Luis Fuentes Mondragón El Hitman.

Juan Carlos García Ibarra, Nicolás González Calleja, Mario Fernando Villega Landín, Omar Valdés Valencia, Braulio Ibarra Jiménez, Rodrigo Cruz León y Fernando Martínez Márquez enfrentan además el cargo de homicidio calificado.

La Procuraduría General de la República informó que Juan Carlos García Ibarra fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, de Jalisco, y los otros 17 y fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, donde quedaron a disposición del juez segundo de distrito en materia penal.