Las dirigencias nacionales del PRI y el PAN se confrontaron ayer por la decisión del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, de llevar a Ciudad Juárez la sede de los poderes estatales.

Mientras el Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN) acusó al gobernador Baeza, de extracción priísta, de utilizar la situación de violencia que sufre Ciudad Juárez con propósitos electorales, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó su total apoyo al mandatario chihuahuense.

En una inusual conferencia de prensa, convocada a las 8:00 horas de ayer, el presidente nacional del PAN, César Nava, calificó de “electorera, unilateral, inconstitucional e ilegal” la medida, porque no es una decisión que pueda tomar un gobernador sólo, sino que requiere de la aprobación por lo menos de dos terceras partes del Congreso del estado.

Nava, al mismo tiempo que pidió no iniciar una estela de acusaciones, culpó al mandatario priísta de comenzar una abierta y franca “dinámica de confrontación” contra la Federación por la falta de coordinación y sentenció: “Nos más acciones unilaterales, no más anuncios teatrales. Lo que buscamos es coordinación, cooperación y respeto”.

Acusó que aún a sabiendas de la visita del secretario de Gobernación —realizada ayer— y de la próxima que hará Calderón, pidió su presencia, “ignorando los anuncios y los compromisos entre ambos órdenes de gobierno”.

Dijo que algunos gobernadores del PRI, como José Reyes Baeza, de Chihuahua, y Humberto Moreira, de Coahuila, evaden su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada y al contrario se la “avientan” al gobierno federal como si no hubiera una “responsabilidad concurrente, que sí la hay”.

El líder panista acusó a Reyes Baeza de querer medrar con la masacre de los 16 jóvenes en Ciudad Juárez hace unos días. La confrontación que ha emprendido el priísta contra el gobierno federal, tiene “la mira puesta en las elecciones de julio”.

Por la noche, la dirigencia nacional del PRI difundió un comunicado en el que dio su apoyo incondicional a la decisión de Reyes Baeza e informó que “respalda el hecho por el valor civil que ha demostrado el gobernador ante una nueva embestida del crimen organizado.

“El PRI espera el apoyo de la Federación a esta medida y a todas las que sea necesario tomar, para atender la grave situación por la que atraviesan los habitantes de Ciudad Juárez”.

Destacó que “situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y apoya de manera irrestricta la determinación firme que han tomado los tres poderes del gobierno de Chihuahua para respaldar a Ciudad Juárez”.

Decisión unilateral

En el Senado, la bancada del PAN inició una campaña de críticas a Reyes Baeza y de defensa de la estrategia de seguridad instrumentada por el gobierno de Felipe Calderón.

El senador Guillermo Tamborrel abrió la posibilidad de que el Senado decrete la desaparición de poderes si las condiciones de inseguridad empeoran en Juárez, pero por el momento, esa no es la salida.

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Gustavo Madero, acusó al gobernador de tomar una decisión de manera “unilateral” y actuar con base en una “preocupación electoral” más que por el bienestar de los juarenses.

El traslado de poderes responde al interés del PRI de “comprar una vacuna contra el síndrome de la guardería ABC de Sonora” y evitar así que los saldos de la violencia en Chihuahua debilite al partido tricolor en las urnas.

En la Cámara de Diputados, el PRI y Porfirio Muñoz Ledo felicitaron al gobernador Baeza por su decisión “valiente” y “osada” de trasladar los poderes estatales a Ciudad Juárez para combatir al crimen.

Muñoz Ledo propuso que el presidente Calderón se instale también en Ciudad Juárez y con el priísta Baeza hagan mancuerna “allá contra el narco”.

El priísta Alfonso Navarrete Prida expresó que el traslado de los poderes del estado de Chihuahua puede ser el inicio del regreso de la paz a esa población. “Es una forma política de reaccionar con sensibilidad con su gente”.

El diputado José Luis Ovando (PAN) defendió la estrategia federal de combate al crimen, y advirtió que para tener mejores resultados, el Congreso debe dar más legislación en seguridad y justicia.

María Antonieta Pérez, diputada del PAN, dijo que la medida del gobernador sólo es un pretexto para hacer campaña electoral en favor del candidato del PRI a la gubernatura, César Duarte.