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Podría PGJE declarar en corte internacional por caso Cacho Señala Adolfo Káram Beltrán, director de la Policía Judicial, que en caso de ser requerida, la dependencia estatal acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; niega que se hallan violentado los derechos de la periodista durante su aprehensión
Notimex
En entrevista, señaló que durante la detención y proceso de las autoridades estatales contra la periodista no se violentaron sus derechos humanos, pues le proporcionaron alimentación, atención y comunicación con sus defensores legales. “Cuando se entrevistó (Lydia Cacho) con la senadora Lucero Saldaña dijo que no tenía quejas de la Policía Judicial, ahora inventa cosas de que fue incomunicada, que no comió y que no se le dieron medicamentos, eso no es verdad”, afirmó.
Consideró que nadie debería ser llamado para declarar sobre este caso ante instancias internacionales, empero afirmó que de ser requeridos se presentarán para demostrar la forma en la que trabajaron. “Se actuó como en todos los casos, se presenta una denuncia, se investiga y si hay pruebas se consigna, después se integran las órdenes de aprehensión y así es para todo ciudadano, no fue el gobierno del estado el que la acusó”, precisó.
Afirmó que hasta el momento no han recibido notificación alguna sobre el caso y refirió que para ellos el de Cacho Ribeiro está cerrado, por lo continúan con sus actividades normales después de que el juez turnara el expediente a Quintana Roo.
Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre en Cancún, a través de un operativo montado por elementos de la Policía Judicial para trasladarla a esta ciudad, en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por la jueza Rosa Celia Pérez.
El empresario Kamel Nacif Borge acusó a la escritora de difamación y calumnias, al relacionarlo en su libro Los demonios del Edén con un pederasta preso, pero fue exonerada del delito de calumnia y el proceso sigue por difamación.
Sin embargo, la jueza encargada del caso se declaró incompetente y lo turnó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, donde la periodista había pedido seguir el procedimiento por temor a una mala investigación del gobierno de Puebla.
sgf/eca |
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