El administrador general de Aduanas (AGA), Juan José Bravo Moisés, confirmó que se investiga a oficiales de comercio exterior por presuntas actividades ilegales como corrupción.

Explicó que diversos errores en la aplicación del Plan de Modernización de Aduanas 20072012 han llevado a la contratación de funcionarios que realizan actividades ilícitas denunciadas por la AGA ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Con la meta de contar con funcionarios públicos “eficientes, a la altura de las mejores aduanas del mundo”, el gobierno federal contrató hasta agosto de 2009 a mil 400 oficiales de comercio exterior capacitados en aspectos legales, despacho de mercancías y pasajeros, procedimientos de vigilancia y control, seguridad, infracciones y manejo de armas de fuego, de acuerdo con el Plan de Modernización de Aduanas.

AGA detectó funcionarios que incumplen con el cargo encomendado. Algunos oficiales de comercio exterior carecen de las aptitudes que requiere su posición, citó Bravo Moisés.

“Hemos denunciado a oficiales de comercio exterior... Tenemos ya denuncias presentadas ante el Ministerio Público, ante la PGR; están en proceso y vamos sobre ellos”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

Hasta el 30 de noviembre dejaron su puesto 150 oficiales de comercio exterior, equivalente a 10% de los funcionarios contratados a esa fecha, según datos del SAT. Hasta agosto de 2009, mientras se contrataron oficiales de comercio exterior, se destituyeron 700 inspectores fiscales aduaneros y 400 revisores.

En enero se dieron a conocer denuncias de oficiales de comercio exterior relativas a inconsistencias en las condiciones laborales. Las quejas implicaban excesivas jornadas laborales, sueldos insuficientes para rentar una vivienda digna e incluso la falta de uniformes.

“Fue un cambio dramático y hubo algunos temas de logística en los que posiblemente hayamos tenido problemas”, reconoció.

Entre los objetivos del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012 está profesionalizar a los funcionarios de las aduanas, lo que, según el documento, implica un proceso “riguroso” de reclutamiento. El esquema incluye un estudio socioeconómico para detectar si los oficiales de comercio exterior cometen actos de corrupción una vez en funciones. Se incluyen “incentivos asociados a la obtención de resultados”, entre otros.

Bajo estos criterios, la plantilla laboral en la AGA se renovará constantemente, según el SAT. En apego a dicho plan, 71% de los oficiales tienen estudios mínimos de licenciatura.